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Economía colaborativa y turismo

esic--490x578El sector turístico está sufriendo profundas alteraciones a una gran velocidad. La economía colaborativa, el p2p y la eclosión de los prosumers están cambiándolo todo. Las líneas de investigación y el trabajo académico hacen posible que la universidad se aproxime más a esta nueva realidad. Desde C.S. Consultores de Negocio venimos trabajado en proyectos de consultoría con carácter multidisciplinar que persiguen como fin dotar de viabilidad económico-financiera y estratégica a este tipo de nuevos modelos de negocio, ofreciendo además un adecuado encaje legal dentro de un siempre complejo ordenamiento jurídico.

Con el fin de analizar esta nueva realidad, el pasado 24 de mayo se celebró en ESIC Valencia un interesante debate organizado por el Centro de Innovación de Marketing en Empresas Turísticas – INMETUR que se integra en ESIC Business & Marketing School, y que está dirigido por la Dra. María Guijarro.

Nuestra consultora fue invitada a este interesante encuentro que fue moderado por Esther Montalvá, jurista especializada en turismo. El objetivo pasaba por poner en común los puntos de vista del sector empresarial, el ápice emprendedor articulado desde la corriente de economía y consumo colaborativos y la propia universidad, desde el enfoque que puede aportar ESIC Business & Marketing School, como Escuela de Negocios que tiende puentes entre la investigación académica y vanguardia de conocimientos científicos y la vibrante realidad que despliega el tejido empresarial de nuestro país.

Desde el sector empresarial participaron Manuel Giner, CEO de Muchosol y su marketing manager, Amparo Díaz; Chema González, director de estrategia de Be Mate; Fernando Ibáñez, general manager de Ética Patrimonios; Antonio Lois, responsable comercial de Covamur; Manuel López, consejero delegado de Grupo Intermundial; Javier Solsona, director de Invattur; Javier Velasco y Nacho Mas de OuiShare y Fernando Castelló, director de C.S. Consultores de Negocio. Representando a ESIC Valencia intervinieron el Dr. Agustín Carrilero, director del Área de postgrado y Jaime Picher, subdirector comercial.

Los temas dominantes a lo largo del debate pivotaron en torno al p2p, a la tributación de este tipo de nuevas actividades que pueden representar colusión con respecto a otros agentes económicos pre-existentes en el sector. La esencia inicial del consumo colaborativo debe ser armonizada e integrada dentro de la garantía de sana competencia y seguridad jurídica de las contrapartes.

El regulador debe dar solución inmediata a cuestiones tales como la liberalización de los mercados e introducción de competencia en el sector, pues los desafíos vienen acompañados de oportunidades de un alto impacto.IMG_20160524_121132

Nuestro director general, Fernando Castelló, incidió en sus intervenciones sobre la importancia de redefinir los modelos de negocio con el fin de lograr retornos económicos que generen viabilidad económico-financiera al tiempo que construyen robustas ventajas competitivas sobre la elusión de riesgos de carácter jurídico.

En este sentido, hizo extensiva la experiencia de C.S. Consultores de Negocio en el desarrollo de soluciones para emprendedores cuyas ideas de negocio, con altos niveles de disruptividad, pueden situarse en la base del crecimiento económico que precisa nuestro país.

Así se abordará en el III Simposio Internacional de Innovación en Marketing Turístico – IMAT 2016, desde el análisis del impacto de la economía colaborativa en el turismo en el contexto de las nuevas reglas del mercado y nuevos modelos de negocio.

Dicho simposio se celebrará en ESIC Valencia los días 30 de junio y 1 de julio y en su tercera sesión, dentro del bloque de casos de empresa, Jesús P. López Pelaz, director y fundador del bufete Abogado Amigo y Fernando Castelló, director general de C.S. Consultores de Negocio, presentarán un Case Study desarrollado a partir del trabajo llevado a cabo durante meses sobre un cliente de ambos despachos, en el transcurso de una consultoría y del correspondiente dictamen jurídico, y cuyo modelo de negocio opera en el contexto de la sharing economy desde una orientación exclusive and luxury.

La obligatoriedad de recepción de comunicaciones electrónicas en el sistema RED de la Seguridad Social

La obligatoriedad de recepción de comunicaciones electrónicas en el sistema RED de la Seguridad Social

Durante este año la Tesorería General de la Seguridad Social implantará de forma gradual la obligatoriedad del Sistema de Comunicaciones y Notificaciones Telemáticas, tal y como prevé la Orden ESS/485/2013.

Según la citada Orden, estarán obligados a recibir telemáticamente las comunicaciones y notificaciones que les dirija la Seguridad Social

– Los sujetos que estén obligados a incorporarse al Sistema Red (Sistema de Remisión Electrónica de Datos), con independencia de que hayan tenido o no lugar su incorporación efectiva.

Sujetos obligados al Sistema Red según lo previsto en la nueva Orden ESS/484/2013:

– Las empresas, agrupaciones de empresas y demás sujetos responsables del cumplimiento de la obligación de cotizar encuadrados en cualquiera de los regímenes del sistema de la Seguridad Social, con independencia del número de trabajadores que mantengan en alta, con algunas particularidades y excepciones.

– Los trabajadores incluidos en el RETA (Autónomos), con excepción de los correspondientes al Sistema Especial de Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios, sólo cuando al mismo tiempo tengan la condición de empresarios obligados a transmitir por dicho sistema los datos relativos a sus trabajadores, en cuyo caso también estarán obligados a transmitir por el mismo sistema sus propios datos como trabajadores autónomos.

Sujetos no obligados al Sistema RED según la nueva Orden ESS/484/2013:

– Régimen General: colectivos de profesionales taurinos, representantes de comercio, Sistema Especial para Empleados de Hogar y Sistema Especial de la Industria Resinera.

– Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, respecto a los trabajadores por cuenta propia.

– Los sujetos que estén adheridos voluntariamente al Sistema Red.

Las notificaciones telemáticas se realizarán mediante el sistema de comparecencia en la Sede Electrónica de la Seguridad Social (SEDESS). Para el acceso será necesario cumplir con determinados requisitos técnicos y disponer de certificado electrónico homologado.

Los sujetos obligados recibirán por correo postal “carta” la notificación de la resolución sobre su inclusión en el sistema, y quedarán obligados a comparecer en SEDESS para recibir las notificaciones en forma telemática en el plazo de 1 mes a contar desde el día siguiente a aquel en que se les notifique la resolución sobre su inclusión en el sistema.

También existe la posibilidad de incorporarse voluntariamente al sistema de notificaciones telemáticas.

PRINCIPALES REGÍMENES DE LA SEGURIDAD SOCIAL OBLIGADOS AL SISTEMA RED Y AL SISTEMA DE NOTIFICACIONES TELEMÁTICAS DE LA TGSS

– Régimen General:

Artistas

Sistema Especial de Frutas, Hortalizas e Industria de Conservas Vegetales

Sistema Especial de Manipulado y Empaquetado de Tomate Freso destinado a la exportación

Sistema Especial de Trabajadores fijos discontinuos de cines, salas de baile y de fiesta y discotecas

Sistema Especial de trabajadores fijos discontinuos de empresas de estudio de mercado y opinión pública

Servicios Extraordinarios de Hostelería

Sistema Especial de Trabajadores Cuenta Ajena Agrarios

– Regímenes Especiales:

RETA. Trabajadores Autónomos que tienen la condición de empresarios (obligados a transmitir los datos de sus trabajadores por el Sistema RED – código de cuenta de cotización)

RETMAR. Régimen Especial de los Trabajadores del Mar por cuenta ajena.

Régimen Especial de la Minería del Carbón

PRINCIPALES REGÍMENES DE LA SEGURIDAD SOCIAL NO OBLIGADOS AL SISTEMA RED Y TAMPOCO AL SISTEMA DE NOTIFICACIONES TELEMÁTICAS DE LA TGSS:

– Régimen General:

Profesionales Taurinos

Representantes de Comercio

Sistema Especial de la Industria Resinera

Sistema Especial de Empleados de Hogar

– Regímenes Especiales:

RETA. Trabajadores Autónomos que no tienen la condición de empresarios.

RETMAR. Régimen Especial de los Trabajadores del Mar por cuenta propia.

RETA. Sistema Especial de Trabajadores por cuenta propia Agrarios (SETA)

Desaparece la exigibilidad de licencia previa de apertura

En el BOE del 27/12/2012, se ha publicado la Ley 12/2012, de 26 dediciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios.

Esta Ley se fundamenta en el derecho a la propiedad privada del artículo 33.1 de la Constitución española y a la libertad de empresa de su artículo 38, así como en los principios de libertad de establecimiento, libre circulación de bienes y libre prestación de servicios del artículo 139.2, que propugnan la unidad de mercado.

La Ley tiene por objetivo es dar un impulso y dinamizar la actividad comercial minorista mediante la eliminación de cargas y restricciones administrativas existentes, en particular con la supresión de las licencias de ámbito municipal, que se sustituyen por un régimen de presentación de declaraciones responsables o comunicaciones previas a la actividad.

La declaración responsable, o la comunicación previa, deberá contener una manifestación explícita del cumplimiento de aquellos requisitos que resulten exigibles de acuerdo con la normativa vigente, incluido estar en posesión del proyecto (firmados por técnicos competentes), en el caso de que las obras que se hubieran de realizar así lo requieran.

Con la misma se legaliza la inexigibilidad de licencia de apertura de locales de menos de 300 metros cuadrados: “Para el inicio y desarrollo de las actividades comerciales y servicios definidos en el artículo anterior, no podrá exigirse por parte de las administraciones o entidades del sector público la obtención de licencia previa de instalaciones, de funcionamiento o de actividad, ni otras de clase similar o análogas que sujeten a previa autorización el ejercicio de la actividad comercial a desarrollar o la posibilidad misma de la apertura del establecimiento correspondiente”.

El control administrativo pasará a realizarse a posteriori aplicándose el régimen sancionador vigente en materia de comercio interior, ordenación del suelo y urbanismo, protección de la salud, del medio ambiente y del patrimonio histórico artístico, de tal forma que este mecanismo no suponga un menoscabo de las garantías en la prestación del servicio hacia los consumidores ni de las obligaciones de cumplimiento de la normativa sectorial autonómica o municipal aplicable.

Obligación de informar de bienes y derechos en el extranjero

LOS CONTRIBUYENTES DEBERÁN INFORMAR EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2013 SOBRE LOS BIENES Y DERECHOS SITUADOS EN EL EXTRANJERO

Un Real Decreto detalla disposiciones incorporadas en la nueva Ley antifraude.
Se clarifican los instrumentos de asistencia mutua con otros países para liquidar tributos.
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se adapta la Ley General Tributaria a la normativa comunitaria e internacional en materia de asistencia mutua y se fijan las obligaciones de información sobre bienes y derechos situados en el extranjero. La nueva ley antifraude, que fue publicada en el Boletín Oficial del Estado el pasado 30 de octubre, establece una nueva obligación de declarar todo tipo de bienes y derechos situados en el extranjero. El Real Decreto ahora aprobado detalla que el plazo para el cumplimiento de dichas obligaciones se extenderá a lo largo del primer trimestre de cada ejercicio.

El modelo de declaración será aprobado en breve mediante una orden ministerial. Deberán ser declarados, tanto las cuentas situadas en entidades financieras, como todo tipo de bienes inmuebles y derechos sobre inmuebles, así como valores, derechos, seguros y rentas depositadas, gestionadas u obtenidas en el extranjero.

El Real Decreto excluye de esta obligación de declarar cuando el valor de los mismos no supere los cincuenta mil euros por cada tipo de bien. La presentación en años sucesivos de la declaración informativa sólo será obligatoria cuando el citado límite hubiese experimentado un incremento superior a veinte mil euros.

Información a suministrar

La información a suministrar incluirá, en el caso de cuentas abiertas en entidades financieras, los saldos de estas cuentas a 31 de diciembre y el saldo medio correspondiente al último trimestre del año; esta información se referirá a cuentas corrientes, de ahorro, imposiciones a plazo, cuentas de crédito y cualesquiera cuentas o depósitos dinerarios con independencia de la modalidad o denominación que adopten, aunque no exista retribución. En el caso de inmuebles figurarán la fecha y el valor de adquisición, y la fecha de apertura o cancelación y, en el caso de valores, constará derechos, seguros y rentas depositados o gestionados en el extranjero, el saldo a 31 de diciembre de cada año.

El incumplimiento de las obligaciones en cuestión podrá tener consecuencias en el IRPF y en el Impuesto sobre Sociedades, en la medida en la que se puedan descubrir, por parte de la Administración tributaria, patrimonios ocultos vinculados a este tipo de bienes y derechos. En ese caso serán imputados al último ejercicio no prescrito, con lo que el contribuyente se arriesga a fuertes sanciones e, incluso, a incurrir en delito fiscal.

Colaboración con otros Estados

Por otro lado, el Real Decreto aprobado hoy transpone parcialmente al ordenamiento español la Directiva comunitaria sobre cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad. Así, se refuerza la cooperación en el intercambio de información entre países necesaria para la liquidación de los tributos.

Entre otros asuntos, se atribuye a la Agencia Tributaria la competencia para formular peticiones de asistencia mutua a otros Estados o entidades internacionales. También se fijan las normas aplicables al cálculo de los intereses de demora que devengan los créditos de titularidad extranjera. Del mismo modo, se desarrolla el procedimiento de cesión de datos suministrados por otro Estado o entidad supranacional. Con ello se aporta seguridad jurídica a la vez que se consigue una mayor agilidad en el proceso de asistencia mutua.

El objetivo del Gobierno es profundizar en los próximos meses en este tipo de acuerdos de intercambio de información, tanto para mejorar el cobro de los tributos, como para potenciar la lucha contra el fraude fiscal.

Medidas restrictivas del pago en efectivo

Recientemente se han producido importantes cambios en la normativa de lucha contra el fraude para realizar pagos en efectivo.

Uno de los más significativos viene representado por la prohibición de pagar en efectivo cantidades superiores a 2.500 euros en operaciones en las que alguna de las partes actúe como empresario o profesional, así como las diferentes modalidades de pago en efectivo y las sanciones por incumplimiento de la norma.

Desde este despacho orientamos a nuestros clientes de forma puntual sobre las modificaciones legislativas en materia tributaria.

El nuevo Impuesto de Transmisiones gravará la hipoteca media con 900 euros

El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos documentados, en su versión valenciana, es una tasa que se aplica a las operaciones de compraventa de inmuebles en toda España y son las comunidades autónomas las encargadas de recaudarlo. El comprador es el encargado de sufragar el tributo y cuenta con 30 días hábiles para presentar el debido formulario de pago.

El Consell aumenta en un punto el gravamen por venta de viviendas.

El Impuesto de Trasmisiones Patrimoniales Onerosas (ITP) pasará del 7% al 8% en la Comunitat Valenciana.

Desde el despacho asesoramos a nuestros clientes en la gestión recaudatoria de este tributo.

 

Los emprendedores y el pago unico de la prestacion por desempleo

La capitalización de la prestación por desempleo es una medida que persigue como fin fomentar y facilitar el autoempleo, bien como empresario individual (autónomo), bien a través de alguna fórmula derivada de personas jurídicas con base laboral (socios trabajadores), como pueden ser las cooperativas o las sociedades laborales.

La capitalización o pago único de la prestación se regula en el artículo 228.3 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social y la Disposición transitoria cuarta de la Ley 45/2002, de 12 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma del sistema de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad, modificada posteriormente por la disposición final tercera de la Ley 36/2003, de 11 de noviembre, de medidas de reforma económica, por el Real Decreto 1413/2005, de 25 de noviembre y por el Real Decreto 1975/2008, de 28 de noviembre.

Desde el despacho asesoramos a los emprendedores con un proyecto empresarial en el proceso de solicitud de dicha prestación.

Recientemente, a partir de la última reforma laboral, la cuantía de la prestación ha sido incrementada, alcanzando hasta el 100%, para ciertos colectivos de desempleados.

La elaboración de una memoria de actividad es crucial para glosar el conjunto de espectativas, gastos e ingresos previstos, a modo de plan de negocio del proyecto, especificando la inversión a realizar y actividad a desarrollar, así como cuanta documentación acredite la viabilidad del proyecto de empresa. Desde el área de emprendedores de nuestro despacho, apoyamos al emprendedor en la redacción y justificación de la memoria de actividad.

El emprendedor puede optar por solicitar la capitalización completa o parcial, dotando parte de la misma a la contribución que hace el Estado a cuotas de seguros sociales de autónomo, con el límite máximo de la propia prestación una vez capitalizada. En este último caso, el emprendedor recibirá el abono de estas cantidades de forma mensual, hasta agotar el crédito disponible.

Desde el despacho nos encargamos asimismo de tramitar a través del punto PAIT o ventanilla única las correspondientes altas del emprendedor en la Agencia Tributaria y en la Tesorería de la Seguridad Social, de forma sencilla y ágil. De este modo generamos el PACDUE o Documento Único Electrónico que permite iniciar la actividad del emprendedor.

En este acto el emprendedor puede comunicar ficheros a la Agencia Española de Protección de Datos; desde el departamento jurídico asesoramos al emprendedor sobre la conveniencia de llevar a cabo este trámite, según cada caso.

El intervalo de fechas en que se tramite la solicitud es relevante y no hacerlo correctamente puede llegar a provocar la denegación de la capitalización solicitada.

Confíe siempre en profesionales. Abogados y economistas en Valencia.


La PYME exportadora. Tratamiento tributario del IVA.

Para evitar reclamaciones de IVA por parte de la Agencia Tributaria es muy importante, cuando las transacciones se dan hacia fuera de la eurozona, contar con el mejor asesoramiento tributario.

Resulta crucial que la empresa pueda acreditar de manera documental que efectivamente las mercancías han salido del país, ya que en caso de inspección Hacienda podría reclamar el IVA que haya dejado de ingresar.

En el supuesto de operar con un cliente fuera de la Unión Europea, el cliente puede ser particular o empresario, por lo la empresa ha de contar con copias de facturas, contratos y/o pedidos, documentos acreditativos de la entrega efectuada (copias de albaranes de la agencia de transporte) y el DUA de exportación (Documento Único Aduanero).

Cuando la empresa exporta a un país miembro de la Unión Europea, sólo es posible que no repercuta el IVA si el cliente es empresario con tal condición acreditada a efectos de IVA, mediante la correspondiente inclusión en el ROI (Registro de Operadores Intracomunitarios).

Este tipo de gestión es habitualmente solicitada por nuestros clientes de forma coetánea al establecimiento de contactos comerciales con nuevos clientes radicados en territorio de la Unión Europea.

El departamento de fiscal del despacho se encarga del asesoramiento y tramitación ante la Agencia Tributaria, y en nombre de nuestro cliente, de todas las gestiones necesarias que permitan confirmar la inclusión del cliente en el sistema unificado europeo para la tributación de IVA.

No obstante, una vez servida la mercancía, del mismo modo que con las exportaciones extracomunitarias, resulta importante conservar documentación que justifique el transporte, a efectos de poder demostrar ante eventuales comprobaciones de Hacienda que la mercancía no fue transportada a otro país. Para ello es válida la conservación de cualesquiera elementos de prueba tales como peajes, facturas, combustibles, etc. A estos efectos Canarias, Ceuta y Melilla cuentan con un tratamientos similar, por lo que la empresa deberá recabar y archivar la documentación necesaria durante los plazos preceptivos.

Desde el despacho brindamos nuestro apoyo a PYMEs y grandes empresas en su proceso de internacionalización, en lo relativo a sus obligaciones fiscales y el modo óptimo de llevar a cabo todo el proceso en las fases de comercialización, facturación y declaración tributaria.

Evite sorpresas desagradables, confíe en profesionales. 

Es muy importante saber acreditar que efectivamente las mercancías han salido del país, ya que en caso de inspección Hacienda te podría reclamar el IVA que haya dejado de ingresar.

Si vendes fuera de la Unión Europea, tu cliente podrá ser un particular o un empresario, y deberás disponer de los siguientes documentos:

  • Copia de las facturas, contratos o notas de los pedidos efectuados por los clientes.
  • Documentos acreditativos del transporte efectuado.
  • Documento Único Aduanero de exportación.

Sin embargo, si vendes dentro del territorio de la Unión Europea, sólo podrás librarte de repercutir el IVA si tu cliente es un empresario que tenga número de identificación a efectos de IVA y esté registrado como operador intracomunitario.

Además, tendrás que demostrar que las mercancías han sido transportadas realmente a otro país de la UE para lo que podrás usar cualquier medio de prueba. Te recomendamos que si el transporte lo hace un transportista presentes el contrato de transporte y que si el transporte lo realiza tu empresa consigas un documento firmado por el cliente conforme a la entrega de las mercancías en su país. Conservando a su vez, por si hiciera falta, tiques de peajes, gasolineras, y cualquier otro justificante que pudieras tener.

Finalmente hacemos un apunte, si a quien vendes es a Canarias, Ceuta o Melilla, estas provincias tienen el tratamiento de vender fuera de la Unión Europea, con lo que deberás conservar la documentación que te hemos indicado para no tener que repercutir el IVA.

Los proveedores ya se pueden acoger al plan de pagos del Gobierno

Desde el despachoasesoramos a nuestros clientes en el mejor modo de acogerse al plan de pagos del Gobierno.

El plazo finaliza el proximo día 22 de abril, por vía telemática y el 20 de abril en papel. En este plazo los diferentes proveedores deben comunicar su voluntad de acudir al procedimiento porque, en caso contrario, no van a cobrar por esta vía. La solicitud de certificación individual presentada por los proveedores ante la entidad local implica la aceptaciones por parte de estos de acudir al procedimiento.

La información que necesitan aportar por proveedor en cualquiera de las dos vías es el número de cuenta corriente (se facilitara el CCC o el IBAN y, en caso de cuentas internacionales, el BIC) y el importe del principal con descuento de la quita, en caso de existir, según ha informado el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Si se opta por la presentación telemática, los proveedores deben acceder a la pagina web de la Agencia Tributaria (www.agenciatributaria.es) e identificarse mediante el Certificado Electrónico de Usuario emitido por alguna de las autoridades de certificación admitidas por la Agencia Tributaria, por ejemplo, el DNI electrónico y los emitidos por la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre.

Los proveedores deben consignar el NIF (ya sea de personas físicas o jurídicas) que figure en las facturas emitidas a las entidades locales, lo que les permitiría acceder a la relación de facturas de ese NIF e indicar la voluntad de acudir al procedimiento de pago, identificando la cuenta bancaria donde quieren que les sea satisfecho el mismo y el importe de la quita, en caso de existir.

Una vez que manifiesten su decisión voluntaria de acudir al Plan de Pago a Proveedores, la tesorería de la respectiva entidad local excluirá de los posibles pagos ordinarios a dichos proveedores.

Alternativamente, pero no a la vez, los proveedores pueden dirigirse a la entidad local comunicando por escrito su decisión de acudir al mecanismo de pago, facilitando el NIF, el número de cuenta corriente y el importe del principal con descuento de la quita, en caso de existir.

VÍA PRESENCIAL

Por otra parte, si los proveedores optan por la vía presencial, posteriormente las entidades locales deberán comunicaran esa información por vía telemática y con firma electrónica a la Agencia Tributaria.

Para ello, los representantes de las entidades locales, deben utilizar el certificado correspondiente al NIF de la entidad local, o el certificado de empleado publico, siempre que haya sido apoderado por dicha entidad local. Accederán al conjunto de facturas enviadas por esa entidad local, y podrán actuar en representación de los proveedores para indicar la voluntad de estos de acudir al procedimiento. Este certificado también permitiría a las entidades locales realizar posibles rectificaciones de errores en los datos de las facturas, así como introducir los Certificados Individuales.

En los cinco primeros días hábiles de abril (entre los días 2 y 10) las entidades locales remitirán por vía telemática y con firma electrónica las relaciones de certificaciones individuales solicitadas, las emitidas y las no contestadas. Esta remisión se realizara a través de la aplicación de la Agencia Tributaria.

En este caso deben enviar la información de la certificación inicial, la indicada anteriormente para los proveedores que comuniquen su intención de acudir a procedimiento de pago. Además, un campo con la fecha de la solicitud por el proveedor de la certificación individual, y otro con la especificación de certificación solicitada y emitida o de certificación solicitada y no contestada o de certificación solicitada y denegada.

Entre los días 23 de abril y 8 de mayo las entidades locales podrían introducir modificaciones para corregir errores, indicar las facturas que finalmente consideran conflictivas (deberían aclarar y solventar los conflictos en ese periodo), las que se han pagado a los contratistas y las que están sujetas a procedimientos de embargo o de concurso de acreedores. A estos efectos se recogerán en la aplicación los identificadores correspondientes a cada una de estas situaciones.

OPERACIONES POSTERIORES

Conocidas tras los envíos anteriores las facturas que entran en la primera fase de la operación se contrastaría con el importe máximo disponible en el mecanismo de financiación, y, en su caso, se aplicarían los criterios de prelación de las obligaciones pendientes de pago según su antigüedad, la condición de pyme o la municipalización de la factura.

Del mismo modo, conocido el importe total de las obligaciones pendientes de pago, los Plenos de las entidades locales en el período que se determine (primera quincena del mes de mayo) deberán aprobar la formalización de las operaciones de crédito correspondientes, siempre que hubieren obtenido una valoración favorable de sus planes de ajuste por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

A partir de este momento las entidades de crédito podrán materializar las transferencias que procedan a los proveedores incluidos en las relaciones anteriores, en la forma que se determine.

FUENTE: COPE.ES