ley de prevencion contra el fraude

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Operaciones Vinculadas

Las sanciones a empresas que incumplan la normativa sobre operaciones vinculadas pueden situarse por encima del millón de euros.

Las empresas que no presenten la documentación relativa a las operaciones vinculadas que lleven a cabo, en la que describan y justifiquen que han valorado las transacciones efectuadas entre ellas por su valor normal de mercado, podrían enfrentarse a sanciones millonarias que podrían superar el millón de euros.

La Ley 36/2006 de Prevención contra el Fraude,  y su reciente desarrollo a través del Real Decreto 1973/2008, se ha incrementado el abanico de obligaciones fiscales de las empresas, que están obligadas a demostrar que las transacciones entre estas y sus empresas o personas vinculadas, sea cual fuere su naturaleza, están valoradas a mercado. Y no sólo deberán acreditar esto, sino que deberán tener preparado un dossier con un elenco de información tasada, cuya carencia generará una sanción automática, sin perjuicio de los ajustes que deriven de la propia Inspección.

En este marco, el Inspector Jefe de la Unidad de Fiscalidad Internacional de la AEAT ha hecho recientemente hincapié en la necesidad de exigir a las empresas una documentación armonizada, para dotar de seguridad jurídica a los procedimientos de comprobación tributaria. Sin embargo, destacó el distinto nivel de exigencia documental en función del tipo de Sociedad, o de naturaleza de la operación. Así, por ejemplo, las PYMEs tendrán una menor carga documental, y las sociedades profesionales podrán eludir la obligación de documentación toda vez que cumplan con un estricto pliego de requisitos.

Con carácter general, la normativa ha diferenciado dos tipos de soporte documental exigible para los supuestos de grupos de empresa no acogidas al régimen especial de consolidación fiscal. Por una parte la documentación del grupo, y por otra parte la documentación de cada empresa del mismo establecida en España.

Cada uno de estos soportes se compone de datos y conjuntos de datos. La carencia de estos soportes, implicaría para una empresa española una sanción de 1.500 € por dato, o 15.000 € por conjunto de datos. Si sumamos todos los datos y conjuntos de datos que resultan exigibles en la documentación, nos encontraríamos con sanciones que podrían fácilmente ascender a varios cientos de miles de euros desde la primera visita de la inspección.