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Los emprendedores y el pago unico de la prestacion por desempleo

La capitalización de la prestación por desempleo es una medida que persigue como fin fomentar y facilitar el autoempleo, bien como empresario individual (autónomo), bien a través de alguna fórmula derivada de personas jurídicas con base laboral (socios trabajadores), como pueden ser las cooperativas o las sociedades laborales.

La capitalización o pago único de la prestación se regula en el artículo 228.3 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social y la Disposición transitoria cuarta de la Ley 45/2002, de 12 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma del sistema de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad, modificada posteriormente por la disposición final tercera de la Ley 36/2003, de 11 de noviembre, de medidas de reforma económica, por el Real Decreto 1413/2005, de 25 de noviembre y por el Real Decreto 1975/2008, de 28 de noviembre.

Desde el despacho asesoramos a los emprendedores con un proyecto empresarial en el proceso de solicitud de dicha prestación.

Recientemente, a partir de la última reforma laboral, la cuantía de la prestación ha sido incrementada, alcanzando hasta el 100%, para ciertos colectivos de desempleados.

La elaboración de una memoria de actividad es crucial para glosar el conjunto de espectativas, gastos e ingresos previstos, a modo de plan de negocio del proyecto, especificando la inversión a realizar y actividad a desarrollar, así como cuanta documentación acredite la viabilidad del proyecto de empresa. Desde el área de emprendedores de nuestro despacho, apoyamos al emprendedor en la redacción y justificación de la memoria de actividad.

El emprendedor puede optar por solicitar la capitalización completa o parcial, dotando parte de la misma a la contribución que hace el Estado a cuotas de seguros sociales de autónomo, con el límite máximo de la propia prestación una vez capitalizada. En este último caso, el emprendedor recibirá el abono de estas cantidades de forma mensual, hasta agotar el crédito disponible.

Desde el despacho nos encargamos asimismo de tramitar a través del punto PAIT o ventanilla única las correspondientes altas del emprendedor en la Agencia Tributaria y en la Tesorería de la Seguridad Social, de forma sencilla y ágil. De este modo generamos el PACDUE o Documento Único Electrónico que permite iniciar la actividad del emprendedor.

En este acto el emprendedor puede comunicar ficheros a la Agencia Española de Protección de Datos; desde el departamento jurídico asesoramos al emprendedor sobre la conveniencia de llevar a cabo este trámite, según cada caso.

El intervalo de fechas en que se tramite la solicitud es relevante y no hacerlo correctamente puede llegar a provocar la denegación de la capitalización solicitada.

Confíe siempre en profesionales. Abogados y economistas en Valencia.


La Agencia Tributaria y las asociaciones de Asesores Fiscales

La Agencia Tributaria cumplió ayer una vieja reclamación de las asociaciones de asesores fiscales e inauguró el foro de asociaciones y colegios profesionales tributarios, un órgano que servirá como punto de encuentro entre la Administración y los expertos fiscales.

Resulta habitual que surjan discrepancias entre Hacienda y los asesores en la forma en cómo se deben cumplimentar las obligaciones fiscales ya que suelen perseguir objetivos diferentes. La función, entre otras, de la Agencia Tributaria es recaudar cuanto más mejor y los asesores tratan de optimizar y rebajar la factura fiscal de sus clientes. Ello suele provocar conflictos de interpretación de la norma que el órgano constituido ayer por Juan Manuel López-Carbajo, presidente de la Agencia Tributaria, deberá canalizar.

“El foro establece como objetivos aumentar la seguridad jurídica de los contribuyentes, profundizar en el conocimiento mutuo en un marco de transparencia y rigor y difundir las novedades y los criterios de actuación de la Agencia Tributaria”, indican desde Hacienda. Formarán parte del foro 10 colectivos entre los que destacan la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) y el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF). Actualmente ya existe un órgano similar entre Hacienda y las grandes empresas. Uno de los objetivos de Hacienda es que el foro sirva para impulsar la Administración electrónica. De hecho, la legislación obliga a partir de este año a las empresas a relacionarse solo a través de internet con Hacienda, una circunstancia que ha levantado airadas protestas de los asesores fiscales, que defienden que el uso de la tecnología debe ser un derecho, no una obligación.

Hacienda también pretende reforzar el control del fraude tributario con la ayuda de los asesores y elevar el rechazo social hacia los evasores fiscales.

Los límites de la OLAF

Por otra parte, el Parlamento Europeo tiene “dudas” sobre si la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) puede investigar a los eurodiputados relacionados con los sobornos de falsos grupos de presión. La OLAF ha reiterado su voluntad de investigar a tres eurodiputados que aceptaron un soborno de 100.000 euros anuales a cambio de enmendar la legislación comunitaria siguiendo las instrucciones de un falso lobby constituido por el periódico The Sunday Times.

Fuente: Cinco Dias

http://www.cincodias.com/articulo/economia/Agencia-Tributaria-crea-foro-intercambiar-ideas-asesores-fiscales/20110331cdscdieco_8/

Notificaciones de la AEAT

El Registro de Economistas Asesores Fiscales, órgano especializado del Consejo General de Colegios de Economistas de España, ha advertido a sus más de 4.500 miembros fiscalistas que, si bien el Real Decreto 1363/2010 establece que la obligación de determinadas entidades (fundamentalmente S.A. y S.L.) de recibir por medios electrónicos las notificaciones y comunicaciones de la AEAT entra en vigor a partir del 1 de enero de 2011, no es menos cierto que dicha disposición, en su artículo 5.1, determina lo siguiente:

La Agencia Estatal de Administración Tributaria deberá notificar a los sujetos obligados su inclusión en el sistema de dirección electrónica habilitada. Dicha notificación se efectuará por los medios no electrónicos y en los lugares y formas previstos en los artículos 109 a 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Adicionalmente, la Agencia Tributaria incorporará estas comunicaciones en su sede electrónica (https:/www.agenciatributaria.gob.es/) a los efectos de que puedan ser notificadas a sus destinatarios mediante comparecencia electrónica con los requisitos establecidos.

Sin embargo, el REAF-CGCEE ha podido confirmar que a algunos obligados tributarios con certificado electrónico, que acceden a la página web de la AEAT para realizar una gestión, les salta un mensaje como Tiene un comunicado pendiente de recibir. Si acceden se descargarán en PDF la notificación de su inclusión en el sistema de notificación electrónica obligatoria (NEO).

A partir de ese momento la AEAT parece que entiende que ha cumplido con su deber de notificar la inclusión en el sistema de NEO y, en consecuencia, considera que la entidad quedará obligada a acceder a su dirección electrónica habilitada (DEH) para recibir las notificaciones que la AEAT haya decidido realizarle.

Desde el REAF-CGCEE se recuerda la importancia de dicha inclusión porque, a los 10 días desde la puesta a disposición de una comunicación en la DEH sin acceder a su contenido, se entenderá que la misma ha sido rechazada, salvo que de oficio o a instancia del destinatario se compruebe la imposibilidad técnica o material de acceso.

El Presidente del REAF-CGCEE, D. Jesús Sanmartín Mariñas, considera que el procedimiento descrito para incluir a una sociedad en el sistema NEO, que se está utilizando, no está amparado por el Real Decreto 1363/2010 que lo regula y, en consecuencia, se pretende incluir a muchas sociedades en este sistema por la puerta de atrás.

El órgano especializado de los economistas se declara firme defensor de la utilización de las nuevas tecnologías para lograr el necesario incremento de la productividad, pero nunca han sido partidarios de su implantación obligatoria, lo que ha ocurrido para empresas con forma societaria, primero, con la presentación de autoliquidaciones y, ahora, en la recepción de notificaciones.

No obstante, haciendo abstracción de que el sistema obligatorio de acceso a las notificaciones, muy gravoso para nuestras numerosas micropymes, que se ven obligadas a conseguir un certificado electrónico y a acceder a su DEH cada 10 días al menos, los economistas asesores fiscales lo consideran peligroso también para la Administración tributaria que, por no respetar la norma reglamentaria, puede viciar un procedimiento tributario posterior de tanta importancia como una comprobación inspectora.

Medidas para combatir el fraude fiscal

Acabar con el fraude fiscal

Todas las empresas, cualesquiera que fuesen sus obligaciones documentales, estarán obligadas a valorar a mercado y a justificarlo si se les requiere. La importancia de que estas transacciones no se valoren más allá de los límites de mercado, estriba en el incipiente foco de fraude fiscal que ha permitido a muchas empresas, en especial multinacionales, deslocalizar beneficios para obtener una mejor tributación, con el correspondiente menoscabo recaudatorio para nuestro Tesoro Público. Con la normativa anterior, la carga de la prueba pendía sobre la Administración. La gran novedad de la nueva normativa, consiste en que esta pasa a reposar en el tejado del contribuyente.

El momento desde el que resultará exigible la documentación, para las empresas cuyo ejercicio coincida con el año natural, será a partir del final del plazo voluntario de declaración del ejercicio.

Acuerdos Previos de Valoración

Los  Acuerdos Previos de Valoración (APA) con la Administración para consensuar con ésta la adaptación a mercado de las transacciones con personas vinculadas. Esta alternativa garantiza al contribuyente la eliminación del riesgo fiscal en esta materia durante el plazo de vigencia del acuerdo, que es de cuatro años más el año en que se aprueba la propuesta del contribuyente, y sin perjuicio de que pueda renegociar.

Por último, y para la resolución de conflictos de valoración entre distintos países, cabe señalar que el nuevo “procedimiento amistoso”, es un sistema puesto en marcha para evitar una doble imposición como consecuencia de la aplicación de la normativa de precios de transferencia.

Operaciones Vinculadas

Las sanciones a empresas que incumplan la normativa sobre operaciones vinculadas pueden situarse por encima del millón de euros.

Las empresas que no presenten la documentación relativa a las operaciones vinculadas que lleven a cabo, en la que describan y justifiquen que han valorado las transacciones efectuadas entre ellas por su valor normal de mercado, podrían enfrentarse a sanciones millonarias que podrían superar el millón de euros.

La Ley 36/2006 de Prevención contra el Fraude,  y su reciente desarrollo a través del Real Decreto 1973/2008, se ha incrementado el abanico de obligaciones fiscales de las empresas, que están obligadas a demostrar que las transacciones entre estas y sus empresas o personas vinculadas, sea cual fuere su naturaleza, están valoradas a mercado. Y no sólo deberán acreditar esto, sino que deberán tener preparado un dossier con un elenco de información tasada, cuya carencia generará una sanción automática, sin perjuicio de los ajustes que deriven de la propia Inspección.

En este marco, el Inspector Jefe de la Unidad de Fiscalidad Internacional de la AEAT ha hecho recientemente hincapié en la necesidad de exigir a las empresas una documentación armonizada, para dotar de seguridad jurídica a los procedimientos de comprobación tributaria. Sin embargo, destacó el distinto nivel de exigencia documental en función del tipo de Sociedad, o de naturaleza de la operación. Así, por ejemplo, las PYMEs tendrán una menor carga documental, y las sociedades profesionales podrán eludir la obligación de documentación toda vez que cumplan con un estricto pliego de requisitos.

Con carácter general, la normativa ha diferenciado dos tipos de soporte documental exigible para los supuestos de grupos de empresa no acogidas al régimen especial de consolidación fiscal. Por una parte la documentación del grupo, y por otra parte la documentación de cada empresa del mismo establecida en España.

Cada uno de estos soportes se compone de datos y conjuntos de datos. La carencia de estos soportes, implicaría para una empresa española una sanción de 1.500 € por dato, o 15.000 € por conjunto de datos. Si sumamos todos los datos y conjuntos de datos que resultan exigibles en la documentación, nos encontraríamos con sanciones que podrían fácilmente ascender a varios cientos de miles de euros desde la primera visita de la inspección.